Otros cientos de yihadistas extranjeros aguardan su juicio en las cárceles iraquíes desde la derrota militar de su organización. Entre ellos hay tres francesas capturadas tras la caída de Mosul, en julio, informó una fuente conocedora del caso.

En diciembre, un sueco de origen iraquí fue ejecutado por Bagdad con otras 37 personas, tras haber sido condenado por "terrorismo" en 2010.

"Suecia y los demás [miembros] de la Unión Europea condenan la aplicación [de la pena de muerte] bajo cualquiera de sus formas", reaccionó entonces la ministra sueca de Relaciones Exteriores, Margot Wallström.

Por su parte, el gobierno alemán, que reitera a menudo su oposición a una práctica que considera "inhumana y cruel", comunicó que le brindaba un "acompañamiento consular" a cuatro de sus ciudadanos encarcelados en Irak, sin dar más precisiones.

Afectados en los últimos años por una ola de atentados sin precedentes, los países europeos parecen poco dispuestos a intervenir para salvar a esos combatientes, a los que la opinión pública suele considerar peligrosos traidores.

"Sin escrúpulos"

"Los yihadistas nunca han tenido escrúpulos y no veo por qué deberíamos tener con ellos", declaró la ministra francesa de Defensa, Florence Parly. "Esas personas sabían (...) lo que ocurría. Cuando caen en manos de las autoridades locales, deben poder ser juzgadas por esas autoridades locales", había dicho, expresando una opinión compartida en varios ministerios de Exteriores europeos respecto a sus ciudadanos que lucharon con el EI.

Bélgica se negó, por ejemplo, a aceptar la petición de un yihadista belga encarcelado en Irak, Tarik Jadaun, que propuso colaborar con las autoridades del reino a cambio de su extradición.

"No hay negociación posible con semejantes personas. No hay espacio para esa gente en nuestra sociedad", declaró en diciembre el primer ministro belga, Charles Michel.

Irak forma parte de los países con el mayor número de ejecuciones, por detrás de China, Irán y Arabia Saudí, según Amnistía Internacional.

"Violaciones" del Estado de derecho

"Sea cual sea la gravedad y el horror de esos actos, si un ciudadano europeo corre el riesgo de ser condenado a muerte, se debe exigir que el Estado que lo detiene dé garantías sobre la no aplicación de la pena capital o que traslade al detenido a su país de origen para que sea juzgado ahí", afirma Patrick Baudoin, presidente de honor de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

"Reconozco que no es sencillo, pero si empezamos a multiplicar las violaciones de este principio, ya no seremos un Estado de derecho", considera Baudoin, que denuncia la "hipocresía de la situación actual".

El tono de los gobiernos es menos belicoso entre bastidores. El principio es dejar que la justicia iraquí haga su trabajo, asegura una fuente diplomática europea. Pero "si hay un riesgo de pena de muerte, intervenimos ante las autoridades" a través de los servicios consulares, como es costumbre para cualquier país europeo en esos casos, explica.

William Bourdon y Vincent Brengarth, los abogados de una francesa de 27 años detenida en Irak con su bebé, instaron a las autoridades a luchar para salvarla del patíbulo "con la misma intensidad que despliegan con los demás franceses condenados a muerte".

Por Daphné Benoit con las oficinas europeas de la AFP