Londres - La mayoría de europeos afincados en el Reino Unido conservará sus derechos a partir del 1 de enero, pero miles de personas vulnerables pueden quedar fuera de un sistema a dos velocidades que dará un vuelco a las condiciones de vida de quienes lleguen después.

Romeo Manciu, de 39 años, llegó desde Rumania expresamente antes del Brexit para obtener el estatuto de residente provisional, concedido a los ciudadanos comunitarios que llevan menos de cinco años en el país.

Desde entonces, hizo venir a su hija, su esposa y su padre. La pandemia ha impedido a estos últimos encontrar trabajo, pero todos obtuvieron la residencia.

"Sólo tienes que demostrar que estás en el Reino Unido, y es muy simple, por ejemplo con un extracto bancario", explica a la AFP. "Incluí a mi padre en mi cuenta y le conseguí una tarjeta de crédito y un seguro para su coche, así puede probar que vive aquí", agrega.

Manciu encontró trabajo en el aeropuerto londinense de Heathrow en 2018 y pese al revés asestado por el coronavirus al tráfico aéreo escapó a los despidos.

"Soy uno de los pocos que tienen formación en seguridad de aviación y no temo por mi empleo", asegura, afirmando vivir mejor aquí que en Rumania.

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El rumano Romeo Manciu durante una entrevista con la AFP en el centro de Londres, Reino Unido, el 9 de noviembre de 2018 | Foto: Ben Stansall / AFP

Polacos (773.840) y rumanos (670.600) encabezan las solicitudes del estatuto de residente europeo, seguidos de italianos (401.800), portugueses (306.350) y españoles (246.600).

Hasta finales de septiembre se tramitaron 3,9 millones de solicitudes de las cuales 56% recibió residencia permanente -tras demostrar más de cinco años en el país-, 42% residencia provisional y 2% fueron rechazadas, retiradas o inválidas.

Más de un tercio de los 17.000 rechazados son rumanos. La llegada de migrantes procedentes de los países más pobres de la UE fue uno de los principales argumentos de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016.

"Mucha de esta gente trabaja en negro y no tiene un alquiler legal", por lo que carecen de justificantes, afirma Manciu que ayuda en los trámites a sus compatriotas con poco o mal inglés. "Algunos tienen antecedentes penales", agrega.

Con el fin, el 31 de diciembre, del periodo de transición y la libre circulación de trabajadores europeos, el Reino Unido rechazará a los migrantes condenados a más de un año de cárcel.

"La diferencia será dramática"

Pero estos no son los únicos casos excluidos del sistema, advierte la asociación proeuropea The3Million, preocupada por los ancianos internados en residencias, los menores en situación precaria y otras personas difíciles de contactar, que ignoran la necesidad de realizar este trámite antes del 30 de junio de 2021. La asociación calcula que son miles. Algunos están tan integrados que nadie piensa en ellos.

"Por ejemplo, una amiga de mi madre, que tiene 82 años y alzheimer, es alemana pero ha vivido aquí tanto tiempo que todo el mundo asume que es británica", explica Maike Bohn, confundadora de The3Million. "Intento decirle a su hija que tiene que pedirle el estatuto", de lo contrario perderá el derecho gratuito a la sanidad.

A partir del 1 de enero "la diferencia será dramática", afirma esta alemana, subrayando que quienes lleguen tras esa fecha "serán tratados como nacionales de un tercer país" y necesitarán visados para trabajar, estudiar, alquilar una vivienda o acceder a la salud pública. Entrará en vigor un estricto sistema migratorio que favorecerá a los trabajadores altamente cualificados.

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"Para obtener la visa deberán tener primero un trabajo y debe ser cualificado, con algún nivel educativo y remuneración en línea con los precios del mercado", explica Barbara Drozdowicz del East European Resource Center de Londres.

El gobierno prometió facilidades para sectores claves como los trabajadores sanitarios, los jornaleros agrícolas o las artes escénicas pero se aplican a "circunstancias muy restrictivas", asegura Luke Piper, abogado especializado en inmigración. "El diablo está en los detalles", asegura.

Así, por ejemplo, desaparecerá el sistema por el que los enfermeros españoles, muy numerosos en el Reino Unido, podían convalidar su experiencia británica para encontrar después mejores trabajos en la sanidad pública española.

Sin este aliciente "tengo muchos compañeros que se han ido y hay otros que ya no vienen sino que ahora van a Irlanda", explica el enfermero catalán Joan Pons Laplana. Existe además una peligrosa "zona gris" en los seis meses hasta junio, subraya Bohn.

"Hospitales, arrendadores, empleadores tendrán que diferenciar" entre un europeo con derecho al estatuto de residente pero que no lo obtuvo todavía y otro acabado de llegar sin visado, afirma. Y ante las elevadas multas "no se arriesgarán", simplemente lo rechazarán, vaticina.

Por Anna Cuenca

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