BRUSELAS - El sistema de acogida de refugiados adoptado por la UE en septiembre de 2015, en pleno auge de la crisis migratoria, es legal, confirmó la justicia europea, al rechazar los recursos de Hungría y Eslovaquia contra este plan que debía encarnar la solidaridad europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) desestima "en su totalidad los recursos interpuestos" y considera que el plan "contribuye de forma efectiva y proporcionada" a enfrentar la crisis migratoria, indicó el alto tribunal en una sentencia ante la que no cabe recurso alguno.

Ante la llegada en 2015 de más de un millón de migrantes por mar a Grecia e Italia, los países del bloque adoptaron en septiembre de ese año dos decisiones para repartirse mediante un sistema de cuotas hasta 160.000 solicitantes de asilo llegados a ambos países del Mediterráneo, en el plazo de dos años.

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Hungría y Eslovaquia, que junto a República Checa y Rumania se mostraron contrarios a este plan, pidieron al Tribunal de Justicia de la UE su anulación, al considerar que hubo vicios de procedimiento y al cuestionar su eficacia, pero sin éxito.

Pese al revés judicial, calificado por Budapest como una decisión "irresponsable" con "carácter político", el Gobierno húngaro prometió seguir luchando "por todos los medios legales", mientras que el Gobierno eslovaco anunció que respetará "plenamente" la "controvertida" decisión.

'No perder el tiempo'

Bruselas celebró la decisión. Tras conocerse el fallo, el comisario europeo para la Migración, Dimitris Avramopoulos, urgió en rueda de prensa a todos los países del bloque a "no perder el tiempo" y a "centrarse en el cumplimiento de sus compromisos de reubicación".

Ficha sobre los planes de la UE para reubicar a refugiados, con datos sobre cuotas atribuidas, plazas prometidas y reubicaciones llevadas a cabo. Gráfico: Gillian Handyside, Vincent Lefai y Kun Tian / AFP

Deber de 'solidaridad'

La acogida de refugiados abrió una nueva crisis en el bloque, entre Bruselas y países como Polonia y Hungría, en el punto de mira del Ejecutivo comunitario por otros asuntos como la reforma del sistema judicial polaco o la ley de oenegés húngara.Ante la negativa de Polonia y Hungría a acoger solicitantes de asilo presentes en Italia y Grecia, y la insuficiente reubicación por parte de República Checa, Bruselas decidió abrir procesos de infracción contra estos tres países, que podrían saldarse con duras sanciones económicas.

Símbolo de su dura oposición, Hungría decidió incluso levantar en el verano de 2015 una valla en sus fronteras con Serbia y Croacia, que reforzó en 2017, para evitar la entrada por tierra de migrantes y refugiados, y parte de cuyo costo de construcción pidió a Bruselas que asumiera.

En una carta al primer ministro húngaro, Viktor Orban, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, rechazó el abono de la mitad de los 800 millones de euros del costo, recordando a Budapest su deber de "solidaridad" europea y sus obligaciones en materia de crisis migratoria.

Por Toni Cerdà