La UE se prepara para la batalla por las ayudas directas a los agricultores

Bruselas – España anunció un frente común con Francia para «consolidar» las ayudas europeas a los agricultores, un sector en estado de alerta tras la propuesta de la Comisión Europea de recortar en un 5% su histórico presupuesto de agricultura a partir de 2021.

«La posición de Francia y España es compartida: mantener el nivel de apoyo de nuestros agricultores y ganaderos», indicó el pasado 3 de mayo la ministra de Agricultura española, Isabel García Tejerina, quien anunció una reunión en breve con su par francés, Stephane Travert, para «forjar alianzas».

Los retos no son baladíes. La Política Agrícola Común (PAC), lanzada en 1962 para poder alimentar a una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, representó la principal partida de gasto del presupuesto comunitario entre 2014 y 2020, con un 37%.

Sin embargo, esta política, que representó el 80% del presupuesto europeo hasta la década de 1980, debe compartir espacio con «nuevas prioridades» como la migración, la seguridad y la defensa, con las que la UE busca dar un impulso al proyecto europeo tras la marcha de Reino Unido en 2019.

Una reducción de alrededor del 5% de la PAC (cifra ponderada con la marcha de Reino Unido) «no es una masacre», defendió el pasado 2 de mayo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al presentar su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 2021-2027.

El presupuesto global «debe verse en el marco del Brexit», indicó el comisario de Agricultura, Phil Hogan, sobre la marcha de un contribuyente neto y un agujero de unos 12.000 millones de euros. «Éste es un buen resultado para los agricultores dadas las circunstancias adversas», agregó.

‘Drástica, masiva, ciega’

El ejecutivo comunitario propone así consagrar 365.000 millones de euros en precios corrientes a la PAC en el próximo MFP, el primero de la UE sin Reino Unido, frente a los 408.300 millones actuales de un bloque de 28 países.

«Una caída tan drástica, masiva y ciega es simplemente impensable», reaccionó rápidamente el Ministerio de Agricultura de Francia, primer beneficiario de la PAC en el actual plan, con 62.739 millones de euros, de los cuales 51.354 en pagos directos a los agricultores.

El principal sindicato agrícola en la UE, COPA-Cogeca, expresó por su parte su «inmensa decepción» con la Comisión, máxime cuando «los ingresos de los agricultores ya son un 40% inferiores a la medida de los salarios en los otros sectores» en el bloque europeo.

La propuesta, que representa también una caída del 3,5% en ayudas directas a los agricultores españoles y de un 3,9% para los franceses, no convence a todos los países de la UE, que deben adoptar el futuro MFP por unanimidad tras unas negociaciones que se anuncian arduas.

Algunos países, entre ellos Holanda, Dinamarca y Austria, se muestran reacios a aportar más dinero al presupuesto global. «Necesitamos más innovación y menos tradición», indicó en un comunicado el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien busca un «reparto equitativo» de los costos.

Vaso medio lleno

España, actualmente el tercer beneficiario de la política agrícola con 42.931 millones de euros (34.634 millones de los cuales en pagos directos), intenta ver el vaso medio lleno, recordando que al inicio del debate sobre el próximo MFP se llegó a plantear incluso un recorte del 30% para la PAC.

El punto de partida de las negociaciones es «mucho mejor que ese sombrío 30% de recorte», aseguró en Bruselas la ministra española, tras reunirse con el comisario europeo de Agricultura, precisando que la batalla se centrará en los pagos directos.

El próximo presupuesto coincidirá con una «nueva PAC», dicho de otra forma con una PAC «simplificada y modernizada», cuya propuesta oficial debe presentar la Comisión a finales de mes. Sin embargo, con su futuro MFP, se ha visto obligada a desvelar parte de sus cartas.

En aras de una «distribución más equilibrada» y del apoyo a las pequeñas y medianas instalaciones, Bruselas propondrá a los Estados miembros que elijan entre un límite máximo de ayuda de 60.000 euros por explotación o una escala decreciente en función del tamaño, entre otras medidas.

Bruselas, que debe negociar ahora con la Eurocámara y los países reunidos en el Consejo de la UE, espera un acuerdo final sobre el MFP para antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, pero «las negociaciones suelen llevar dos años», advirtió una fuente diplomática.

Por Marine Laouchez y Toni Cerdà