Londres - El gobierno británico ha publicado sus planes para reducir la inmigración desde la UE tras el Brexit, lo que según la patronal asestaría un duro golpe a muchas empresas, ya de por sí preocupadas por la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

El nuevo sistema migratorio se basará en las competencias profesionales y no en la nacionalidad, poniendo en pie de igualdad a trabajadores comunitarios y extracomunitarios, explicó el ministro del Interior, Sajid Javid, ante el parlamento.

"En el futuro, todo el mundo, excepto los ciudadanos británicos e irlandeses, tendrá que obtener autorización de Reino Unido antes de poder venir", afirmó en la presentación del Libro Blanco sobre Inmigración.

La propuesta incluye un sistema de trabajo temporal con visas de un año, independientemente del nivel de formación de los trabajadores, destinado a tranquilizar a los sectores que dependen de una mano de obra no cualificada.

Durante su estancia, estos trabajadores temporales no tendrían derecho a ayudas públicas, a traer a familiares dependientes ni a pedir la residencia permanente.

"El futuro sistema consiste en asegurar que la inmigración funcione en el mejor interés del Reino Unido", aseguró Javid, señalando que "reduciría la migración neta anual a niveles más sostenibles".

El control de la inmigración, y en particular acabar con el principio europeo de la libre circulación de personas, fue uno de los principales temas de la campaña del Brexit durante el referéndum de 2016 en el que el 52% de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea.

Los efectos del Brexit en la inmigración comenzaron a notarse poco después. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, tras haber alcanzado niveles récord en 2015, la inmigración neta en Reino Unido se redujo hasta las 280.000 personas el año pasado.

 

"No satisfacen las necesidades"

La propuesta del gobierno incluye también una consulta sobre el nivel salarial mínimo que debería imponerse a los trabajadores para permitirles instalarse en Reino Unido.

Javid no fijó un umbral anual, pero sugirió que este podría ser de "30.000 libras esterlinas (33.000 euros, 38.000 dólares) aproximadamente".

"Las propuestas esbozadas en el Libro Blanco no satisfacen las necesidades de Reino Unido y serían un duro golpe para muchas empresas de todo el país", fustigó Josh Hardie, subdirector general de la patronal CBI.

"Todos los niveles de cualificación son importantes para la economía. Un sistema temporal de 12 meses para trabajadores extranjeros con ingresos inferiores a 30.000 libras alentaría a las empresas a contratar a una persona diferente cada año", lamentó.

Algunos sectores dependen fuertemente de la mano de obra extranjera, como el Servicio Nacional de Salud.

Según datos oficiales, 63.000 del 1,2 millones de empleados de la sanidad británica proceden de la UE (5,6%).

Y por ejemplo el número de españoles, la nacionalidad europea más representada entre los enfermeros detrás de los irlandeses, se redujo en un 15% desde el referéndum de 2016, pasando de 7.240 a 6.160.

"Ahora el gobierno propone medidas que harán que las largas esperas en camillas, el gran número de operaciones canceladas y las interminables colas para ser consultado por un médico se conviertan en la nueva norma", lamentó el laborista Ben Bradshaw, exsecretario de Estado de Sanidad.

Esta preocupación se suma a la incertidumbre en que están sumidas las empresas por la creciente posibilidad de que, ante la incapacidad de ratificar un acuerdo con Bruselas, el país se vea abocado a salir bruscamente de la UE el próximo 29 de marzo.

El gobierno británico ya decidió acelerar sus preparativos para esta eventualidad y la Comisión Europea hizo lo propio, anunciando una serie de medidas en los sectores más expuestos: servicios financieros, transporte aéreo, aduanas y política climática.

Así, los operadores europeos de mercados financieros basados en Londres podrán seguir operando durante 12 meses, el mismo periodo durante el cual se mantendrán ciertos vuelos entre Gran Bretaña y el continente europeo.

La Comisión subrayó también la necesidad de aplicar controles aduaneros en las fronteras con Reino Unido y adoptó medidas para garantizar el buen funcionamiento del mercado europeo de cuotas de emisión de gases con efecto invernadero.

Por Anna Cuenca

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