De 186 kilómetros de largo, cerca de la mitad de la longitud total de la frontera de 418 km, la barrera metálica de cinco metros y medio de altura costará unos 353 millones de euros (407 millones de dólares) y debe finalizarse en junio.

"La verja provisional (de alambres) nos ha ayudado mucho porque mientras un grupo de migrantes se preparaba a abrirse camino, teníamos tiempo de desplazar personal para impedírselo", agregó Jakimik-Jarosz.

Pero este proyecto suscita preocupación entre los defensores de derechos humanos y los activistas ecologistas. Los primeros temen que los migrantes que huyen de situaciones de conflicto no puedan presentar peticiones de asilo y los segundos creen que tendrá efectos nefastos para la fauna y la flora de los bosques de esta zona fronteriza. "Haremos todo para los daños medioambientales sean mínimos", garantizó la portavoz.

La Unión Europea (UE) aportó su apoyo a Polonia y criticó con firmeza a Bielorrusia.

Por su parte, el gobierno polaco rechazó la propuesta de Bruselas de participación de la agencia europea de Frontex en la vigilancia de frontera. E hizo votar una ley que permite expulsar a los migrantes ilegales sin esperar que presenten su solicitud de asilo.

Zona especial y alambrados

Miles de migrantes, procedentes de Oriente Medio, sobre todo del Kurdistán iraquí, Siria, Líbano y Afganistán, intentaron el año pasado cruzar la frontera polaca para entrar en territorio de la UE. Algunos de ellos consiguieron pasar y siguieron su periplo.

Polonia y los países occidentales acusaron al régimen bielorruso de alentar, incluso orquestar y ayudar a este flujo de migrantes, prometiéndoles un acceso fácil a la UE. El gobierno del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, rechazó estas acusaciones y reprochó a Polonia el trato inhumano que daba a los migrantes.

En el peor momento de la crisis, Polonia creó en la frontera una zona especial cerrada a las ONG y la prensa, construyó barreras con alambradas y envió a miles de soldados. Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de expulsar a los migrantes al territorio bielorruso.

Estas medidas, sumadas a la muerte por frío y hambre de una docena de migrantes en los bosques polacos, provocaron un encendido debate en Polonia entre los partidarios de la defensa de la frontera nacional, que también es uno de los límites de la UE, y los defensores de los derechos humanos. Estos reclaman que los migrantes tengan la opción de solicitar el asilo y que no sean expulsados mientras se examina la petición.

La guardia fronteriza indicó el 25 de enero haber registrado 17 entradas ilegales en las últimas 24 horas. Un grupo de 14 personas -11 iraníes, dos libaneses y un sirio- "cortaron la valla de alambrado y entraron en Polonia", señalaron en Twitter. Otro grupo, entre los que había tres personas de Ghana, fue detenido en otro punto de la frontera.