La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimaba en 2017 en 6,3 billones de dólares las necesidades anuales de inversión en infraestructuras para situarse en los objetivos de desarrollo económico para 2030. Casi dos tercios de esa cantidad irían destinados a inversiones en países en vías de desarrollo (sobre todo en Asia).

Según la OCDE, en 2018, más del 60% de las emisiones de CO2 del planeta provenían de infraestructuras energéticas, de transporte y de tratamiento de agua.

Pero, para que las nuevas infraestructuras cumplan con los objetivos del Acuerdo de París sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, habría que invertir un 10% más por año, es decir, 6,9 billones de dólares.

"En estos temas, todavía hay una clara diferencia entre la perspectiva de Europa y el resto del mundo", desde Estados Unidos a la China pasando por los países en vía de desarrollo, "incluso aunque esté cambiando", explican Gwenola Chambon y Mounir Corm, fundadores del fondo de inversión francés Vauban, especializado en infraestructuras.

El término genérico "infraestructura" cubre construcciones diferentes pero relacionadas con la urbanización: carreteras, vías férreas, colegios, hospitales, tratamiento de desechos o grandes proyectos en telecomunicaciones y presas de agua.

"Las infraestructuras sostenibles no son solo las que conciernen a las energías renovables. No es solo construir plantas eólicas, tienen que tener un impacto de conjunto en las infraestructuras", por ejemplo, para que consuman menos energía, afirman Chambon y Corm.

Las necesidades de financiación son enormes y falta dinero: según la OCDE, el "déficit de inversión" anual en el mundo en las infraestructuras estaría entre 2,5 y 3 billones de dólares en 2018. Es decir, cerca del 50% de las necesidades que no son cubiertas.

Por otro lado, existen numerosos obstáculos que frenan a los inversores que desean invertir en este tipo de proyectos, sobre todo en los países en desarrollo: "por la inestabilidad política y la inestabilidad monetaria, por el cambio a moneda local; además de la inestabilidad legal y la falta de transparencia", en los proyectos, señala Christian Deseglise, responsable de finanzas e inversiones sostenibles en el banco británico HSBC.

Nuevo certificado

Este problema de falta de inversiones ha sido reconocido por las instituciones internacionales. A principios de noviembre se creó un certificado que identifica los proyectos de creación de infraestructuras sostenibles: "Sustainable Infrastructure Label (SI Label)", desarrollado por el grupo de reflexión Fast-Infra, que integran instituciones internacionales como la OCDE o el Banco Mundial. "Con dos objetivos: transformar las infraestructuras en un tipo de activos" haciéndolas más accesibles a los inversores y "atraer inversores institucionales hacia infraestructuras en países en desarrollo", explica Deseglise, que participó en la creación de este certificado.

SI Label está inspirado en los bonos de deuda verde, que permiten atraer financiación hacia proyectos ambientales o que luchen contra el cambio climático.

Para poder beneficiarse de este certificado, los proyectos deben cumplir un nivel mínimo de cada uno de los catorce criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y de resiliencia. Se busca que los inversores puedan identificar estos proyectos más fácilmente.

Aunque no hay controles, "todos los datos son transparentes, lo que debería limitar los riesgos de blanqueamiento ecológico", asegura Deseglise.

El deseo de sus promotores es que este certificado lo adopten rápidamente tanto inversores como instituciones locales, sobre todo las ciudades, y que se convierta en una referencia para los futuros proyectos de infraestructuras. Más si cabe cuando los planes de recuperación económica tras el covid-19 de varias países (como los de Estados Unidos) incluyen ambiciosas inversiones en infraestructuras.

Por Florian Soenen