Este año, la cifra de muertos y desaparecidos en la ruta atlántica ha escalado a 937, cuando en 2019 se situó en 202, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para quien 2021 "ha sido el año más mortífero en la ruta migratoria hacia España" desde 1997.

Las tragedias han aumentado en paralelo al número de llegadas de inmigrantes a Canarias desde África, a veces recorriendo hasta 1.500 kilómetros, por el mayor control impuesto en la ruta mediterránea. Este año, han alcanzado el archipiélago 19.865 personas.

Caminando Fronteras, una ONG española que recopila la información de los botes que parten hacia Canarias, eleva el número de fallecidos y desaparecidos a 2.087 solo en el primer semestre de este año, una cifra que casi iguala a los 2.170 de todo 2020.

Hamido "se puso en contacto con nosotras, estaba muy desesperado porque nadie le daba información", recuerda Helena Maleno, de Caminando Fronteras, que ayuda a las personas que buscan a familiares que salieron en embarcaciones.

"Está siendo un año horroroso (...) Las personas migrantes saben que salir al mar supone que (...) puedes morir", dice Maleno, al señalar que las probabilidades son "50-50, vivir o morir".

Un bote como un ataúd

Para muchos, los botes que debían llevarlos a Europa se convierten en ataúdes. Un joven que dice llamarse Mamadou, que salió con 17 años de Mauritania en agosto de 2020 con otros 58 migrantes, cuenta que al tercer día de travesía, sin agua y sin comida, sus compañeros de viaje comenzaron a morir. Solo 11 sobrevivieron.

Todavía con el vivo recuerdo de las dos semanas que pasó en el mar, este desgarbado joven pasa por el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, donde se encuentra un "cementerio de pateras": gran cantidad de botes de colores aparcados. "Hay mucha gente que muere en el mar. No llegan", dice. Las familias saben que "su hijo ha ido a España", pero este "no les llama", señala.

"Esas personas no deberían morir", expresa Teodoro Bondyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), de pie junto al lugar donde fue enterrado un bebé en abril en el cementerio de Las Palmas, capital de Gran Canaria. Al menos 83 niños han muerto este año en la ruta atlántica, según la OIM.

"Si las migraciones pudiesen ser normales con un visado, con un pasaporte, la gente podría viajar", estima el secretario de la FAAC, organización que organizó el entierro musulmán del bebé que la madre ansiaba. Pero "los condenamos a que viajen a través de rutas migratorias peligrosas, traficados por personas sin escrúpulos", lamenta.

Más botes, más muertes

La situación "va a peor (...) las muertes este año han aumentado mucho más que el año pasado", asevera el abogado de inmigración Daniel Arencibia, que pide la creación de una oficina centralizada para buscar a los migrantes.

"El principal problema es político, porque no [existe] un órgano que realmente se encargue de gestionar todas esas búsquedas, sino que son los propios familiares" y las personas que colaboran con ellos los que deben encargarse, agrega.

El sacerdote católico José Antonio Benítez es uno de los que ofrece ayuda. "Mi papel es facilitarle a las familias el que las personas puedan tener un conocimiento lo más verdadero, veraz de dónde se puede encontrar" su ser querido, explica.

En un caso reciente, varias familias marroquíes llegaron a Gran Canaria después de que en un bote murieran diez personas. Pasaron "días recorriendo hospitales" sin recibir respuestas, señala Benítez, para quien la burocracia y la estricta protección de datos suelen causar más sufrimiento. Al final, encontraron a sus familiares en la morgue.

Desde mediados de junio, Caminando Fronteras ha estado ayudando a 570 familias a rastrear a personas desaparecidas. Otro tanto ha hecho la Cruz Roja, que ha recibido 359 pedidos de búsqueda.

La Cruz Roja avanza un programa piloto que busca, a través de múltiples fuentes, recopilar información en una plataforma colaborativa que pueda ofrecer indicios más fidedignos sobre las personas que iban en una embarcación y la suerte que corrieron. Cuando no hay cuerpos, "debes buscar otras maneras de lograr tu objetivo", señala José Pablo Baraybar, antropólogo forense que trabaja con la Cruz Roja en el programa piloto. La idea es "proveer respuestas acreditadas, así sean parciales (...) Las familias tienen derecho a saber y nosotros tenemos la obligación de honrar ese derecho de la forma que podamos", concluye.

Por Hazel Ward