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La Comisión Europea adopta el sello de inversión sostenible para la energía nuclear y el gas

Bruselas - La Comisión Europea aprobó el 2 de febrero su controvertido plan sobre etiquetado verde de inversiones en fuentes energéticas limpias y renovables pero que incluye centrales nucleares y de gas, gesto que desencadenó de inmediato airadas reacciones.

El reglamento busca impulsar fuertes inversiones en iniciativas de energías limpias y renovables, aunque la inclusión de centrales nucleares y de gas promovió agrias discusiones entre los países de la Unión Europea (UE).

El documento fue aprobado por el colegio de Comisarios Europeos y ahora iniciará un largo proceso hasta su implementación plena, un camino que no se presenta fácil.

Hasta ahora solamente inversiones en energías renovables podían beneficiarse de este 'sello verde' de la Comisión.

En un comunicado, la Comisión Europea señaló que "hoy [miércoles] completamos una etapa importante en la transición" hacia la neutralidad de carbono.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, dijo que "debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, porque tenemos menos de 30 años" para lograr la ambiciosa neutralidad de carbono.

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La iniciativa no fue bien recibida por entidades ambientales no gubernamentales y hasta algunos gobiernos de la propia UE. En Viena, la ministra austríaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler, adelantó que el gobierno está dispuesto a ir a la justicia europea contra el proyecto. “Prepararemos los detalles legales en las próximas semanas y, si esta taxonomía entra en vigor, iniciaremos un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE”, dijo Gewessler. En tanto, el canciller Karl Nehammer apuntó en Twitter que "la energía nuclear no es verde ni sostenible. No puedo comprender la decisión de la UE".

Credibilidad mellada

A su vez, el eurodiputado verde francés Damien Careme señaló que el plan "mina seriamente la credibilidad de la UE".

Ariadne Rodrigo, especialista de finanzas sostenibles en la ONG Greenpeace, denunció "un intento de robo. Alguien está tratando de desviar miles de millones de euros de las energías renovables y hundirlos en tecnologías que no hacen nada para combatir la crisis climática".

La idea de establecer un cuadro normativo a las inversiones "sostenibles" en energía fue inicialmente recibida con apoyos generalizados, pero la inclusión de las centrales nucleares y de gas fósil puso un brusco freno al entusiasmo.

La Comisión había enviado en los últimos minutos del 31 de diciembre una propuesta sobre esta iniciativa a los países de la Unión Europea y las capitales del bloque tenían de plazo hasta el 21 de enero para presentar sus puntos de vista.

Divisiones

La inclusión de la energía nuclear y el gas en el proyecto era defendida por varios países, encabezados por Francia, quienes alegan que las fuentes renovables (como la solar o eólica) no permitirán cubrir las necesidades de electricidad en el bloque.

En contrapartida, Alemania -un país altamente dependiente del gas para mover su industria- encabezó el grupo de países que se opone a la inclusión de la energía nuclear en el programa de inversiones "sostenibles" y defiende la inclusión del gas.

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De esa forma, París y Berlín buscaban asegurar que matrices energéticas de importancia fundamental para sus economías estén contempladas en el proyecto.

En tanto, Austria, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos  publicaron una carta conjunta en oposición a la inclusión del gas, una fuente de energía fósil. Para esos cuatro países, la intención de la UE de ver su plan de categorización convertirse en el "estándar", se vería seriamente afectada.

El proyecto, en tanto, recibió el firme apoyo de Polonia y le República Checa, dos países que precisan substituir sus altamente contaminantes centrales de carbón. Daniel Benes, director ejecutivo del gigante eléctrico estatal checo CEZ, apuntó en un comunicado que "hemos logrado un progreso positivo para poder transformar con éxito nuestro sector energético y, por lo tanto, la economía a un estándar libre de emisiones".

A partir de ahora comienza a correr un plazo de cuatro meses (que se podría extender dos meses más) para que el Parlamento Europeo trate el texto.

Por Aldo Gamboa