Bruselas - Los países de la Unión Europea (UE) que reciban ayudas del fondo de reactivación corren el riesgo de tener que aplicar reformas impopulares, un asunto arduamente discutido en Bruselas en vísperas de la presentación de los primeros planes nacionales.

El fondo, encarnación de la solidaridad europea ante la pandemia, dotado con 750.000 millones de euros (casi 900.000 millones de dólares), podría convertirse en una manzana de la discordia entre la Europa del sur, muy endeudada, y los denominados Estados "frugales" del norte.

El instrumento, alimentado por una mutualización de la deuda sin precedentes, debe financiar las inversiones de la transición verde y digital. Pero, para superar la oposición inicial de los denominados "frugales", adeptos del rigor fiscal, los beneficiarios tendrán que llevar a cabo reformas vigiladas. En las últimas semanas, "la Comisión ha presionado a los Estados miembros para que emprendan más reformas", reconoce un diplomático europeo.

El acuerdo histórico, concluido en julio tras difíciles negociaciones, prevé que incluya en sus planes nacionales un calendario detallado de reformas reclamadas desde hace tiempo por la UE.

Entre dichas reformas se encuentran la del seguro de desempleo en Francia, la de las pensiones, aplazada a mejores tiempos; la reforma del mercado laboral en España; reducciones de gastos públicos en Italia, entre otros.

La mayoría de los países entregarán su plan para finales de abril. La Comisión tendrá dos meses para dar su luz verde, y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, tendrá un mes para validarlos.

Gráfico: Gal Roma y Aude Genet / AFP

El ejecutivo europeo debe mostrar firmeza sobre las reformas. "Si no lo hace, algunos Estados criticarán arduamente los planes de otros", dice este diplomático. A fecha de 10 de abril, 23 de los 27 países miembros habían presentado un proyecto provisional, pero ninguno la versión definitiva.

"Países muy exigentes"

"Las negociaciones se centran en las reformas", confirmó a la AFP un funcionario europeo. Los países deben tener en cuenta "una gran parte" de las recomendaciones específicas. "Sabemos que no podremos imponer en cada asunto difícil compromisos muy concretos. Habrá que ser flexible y encontrar un equilibrio, pero algunos países van a ser muy exigentes".

Nadie se espera que haya bloqueos en primavera, pues Europa es criticada por su lentitud a la hora de relanzar la economía. Y este proyecto emblemático sigue amenazado mientras no lo ratifiquen todos los Estados miembros. Entre los 27, diez no han respondido todavía, entre ellos Alemania, donde el Tribunal Constitucional cuestiona la legalidad del dispositivo.

Las negociaciones sobre los planes nacionales, iniciadas en marzo, deben concluir rápidamente para permitir las primeras entregas de dinero este verano, prefinanciaciones que representan el 13% de las subvenciones totales.

Para España e Italia, principales beneficiarios, suponen unos 9.000 millones de euros (107.000 millones de dólares) de un total de 70.000 para cada uno. Después, los pagos se escalonarán en varios años, lo que permitirá sancionar más tarde los compromisos incumplidos.

Para Lucas Guttenberg, director adjunto del Centro Jacques Delors en Berlín, la pandemia modificará la arquitectura financiera de la UE, mediante estas evaluaciones regulares que determinarán el desbloqueo de las ayudas.

El futuro del proceso dependerá de su capacidad, gracias a los estímulos financieros, "a aumentar el ardor de las reformas en los Estados miembros", estimó. Según Guttenberg, el objetivo debería consistir en llegar a "una procedimiento político permanente de coordinación de las políticas económicas".

Sin embargo, para Jean Pisani-Ferry, investigador asociado al Instituto Bruegel, la UE "cometería un grave error político" si insiste en condicionar las subvenciones a reformas de pensiones o del mercado de trabajo, no directamente relacionadas con el objeto de las inversiones.

"Esto no quiere decir que estas reformas no sean deseables, pero si se enfrentan a la oposición en un país, el visto bueno de Bruselas no las hará más aceptables", explicó a la AFP, al tiempo que defiende el binomio "reformas e inversiones".

"Estamos hablando de sumas considerables", en torno al 5% del Producto Interno Bruto de España o Italia. "Es muchísimo. Evidentemente, la UE no puede permitirse desperdiciar estas transferencias y debe asegurarse de que el dinero será gastado de manera adecuada".

Por Daniel Aronssohn